Venezuela no padece un simple bajón eléctrico: vive una catástrofe humanitaria fabricada por el Estado. Entre contratos a dedo, sobreprecios descarados y un cementerio de turbinas en el Guri, el chavismo dilapidó más de 40.000 millones de dólares en megavatios de papel que jamás llegaron a los hogares.
Tras jornadas de hasta doce horas sin electricidad y el colapso sistemático del agua potable en el interior del país, el ciudadano común no espera nuevos discursos ni promesas diferidas: exige hechos verificables y la salida de quienes destruyeron los servicios públicos.
El sismo del 24 de junio de 2026 sacudió la costa central, pero el colapso masivo de los urbanismos estatales se gestó hace quince años. La ciencia vetó construir torres sobre limo aluvial; el régimen prefirió el clientelismo electoral.
Pretender que Venezuela recuperó automáticamente sus garantías democráticas tras los eventos del 3 de enero es ignorar el acoso sistemático, las medidas cautelares y la persecución que aún sufren los periodistas independientes.
