El saqueo eléctrico: cómo el régimen convirtió 105.000 millones de dólares en oscuridad y ruina
Venezuela no padece un simple bajón eléctrico: vive una catástrofe humanitaria fabricada por el Estado. Entre contratos a dedo, sobreprecios descarados y un cementerio de turbinas en el Guri, el chavismo dilapidó más de 40.000 millones de dólares en megavatios de papel que jamás llegaron a los hogares.


Los venezolanos no necesitamos que nos cuenten lo que significa vivir a oscuras. Lo padecemos a diario en carne propia: alimentos podridos en la nevera, hospitales trabajando con plantas de emergencia que colapsan, comercios cerrados y familias enteras trasnochadas por el calor y la zozobra. Nos dijeron hasta el cansancio que la culpa era del fenómeno de El Niño, de iguanas invisibles, del calor extremo o de supuestos sabotajes organizados por el enemigo externo. Pero a quienes nos enseñaron desde pequeños a mirar la realidad con criterio, discernimiento y honestidad, no nos pueden engañar con cuentos de camino. La oscuridad que paraliza a Venezuela tiene responsables con nombres, apellidos y firmas en decretos ejecutivos.
El falso mito del clima y la agonía silenciosa de Guri
La columna vertebral del sistema eléctrico nacional, la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en el estado Bolívar —con una capacidad instalada de 10.350 MW según los propios reportes internos de Corpoelec—, no se apagó de repente. Lleva tres lustros desangrándose lentamente. En 2016 el oficialismo intentó justificar los cortes argumentando que la cota del embalse había bajado drásticamente; sin embargo, dos años después, en 2018, el embalse estaba al tope, abriendo aliviaderos y botando agua, mientras nueve de sus veinte turbinas se encontraban totalmente paralizadas. El problema jamás fue el río Caroní; el problema siempre estuvo dentro de las casas de máquinas.
Para septiembre de 2026, la realidad operativa desmiente cualquier propaganda: siete de las veinte unidades están fuera de servicio, produciendo apenas unos 6.141 MW de su capacidad total. Esa brecha de 4.209 MW que no se generan equivale al consumo conjunto de los estados Barinas, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. No es una avería fortuita: al menos dos de esas unidades llevan paradas desde 2014 y otra desde 2016. La unidad 2, por ejemplo, ya figuraba como inoperativa en un informe filtrado de Corpoelec en octubre de 2011 y reaparece averiada década y media después. Las más recientes bajas confirman la negligencia criminal del Estado: la unidad 17 se detuvo de emergencia a finales de agosto por el desprendimiento del anillo de desgaste de su rodete —una falla sobre la que los técnicos ya habían alertado meses atrás y cuya sustitución puede tardar hasta dos años—, mientras que la unidad 15 quedó paralizada en septiembre porque Corpoelec jamás saldó una deuda de 46 millones de dólares con Andritz Hydro para instalar repuestos que llevan diez años acumulando polvo en la propia planta.
Megavatios de papel: la piñata de la emergencia eléctrica
Frente a la vulnerabilidad de las hidroeléctricas, cualquier nación sensata hubiese blindado su parque de generación térmica. Eso fue exactamente lo que prometieron en 2010 bajo el pretexto del decreto de emergencia eléctrica. Pero esa supuesta emergencia no fue más que la coartada perfecta para suspender las licitaciones y desfalcar las arcas públicas con total impunidad.
Las investigaciones de la comisión parlamentaria que auditó el sector revelan una sangría monumental. Entre 2005 y 2015 se evaluaron 42 proyectos eléctricos cuyo presupuesto original era de 14.915 millones de dólares; el Estado terminó desembolsando 42.550 millones de dólares. Se pagó casi el triple, con una diferencia no justificada de 25.000 millones. De esos 42 contratos, 38 fueron entregados a dedo, aprovechando la sombra de la emergencia. En el área térmica se contrató la compra de 14.203 MW, pero al final del día apenas unos 4.000 MW llegaron a girar. El 72% de ese dinero público se esfumó sin generar un solo vatio, configurando un daño patrimonial superior a los 11.000 millones de dólares solo en ese renglón.
El cementerio de obras inconclusas y sobreprecios
El descalabro del sistema eléctrico no es una abstracción contable; se puede rastrear proyecto por proyecto a lo largo y ancho del mapa venezolano:
- Derwick Associates: Doce contratos asignados sin licitación entre 2009 y 2011 por Corpoelec, Pdvsa y la CVG. Investigaciones de Transparencia Venezuela y OCCRP documentaron cobros de unos 5.000 millones de dólares por obras cuyo valor real rondaba los 2.100 millones, recurriendo a turbinas usadas a través de subcontratistas. De 22 unidades asignadas, fuentes parlamentarias señalaron que apenas cuatro operaban efectivamente.
- Central Hidroeléctrica Tocoma: Un contrato inicial en 2008 por unos 520 millones de dólares que escaló en 2012 por encima de los 1.150 millones. Diseñada para generar 2.300 MW, la obra quedó como un monumento a la incompetencia sin entregar la energía prometida, solo para volver a ser objeto de convenios directos años después.
- Parque Eólico de La Guajira: Se cancelaron unos 225 millones de dólares por un proyecto que apenas alcanzó un tercio de ejecución y que desde 2014 es un desolado cementerio de chatarra inmóvil frente a los vientos zulianos.
- El parque térmico occidental: En Termozulia se invirtieron cientos de millones de dólares en diversos módulos sin alcanzar si quiera un tercio del rendimiento esperado, mientras gigantes como Planta Centro (2.600 MW) o Ramón Laguna permanecen prácticamente apagados.
La indolencia convertida en tragedia humanitaria
Mientras los tribunales en Andorra y España documentaban comisiones millonarias y cuentas secretas vinculadas a exviceministros y jerarcas que movieron más de 2.000 millones de euros en sobornos de contratistas, los hospitales venezolanos aprendían a operar a la luz de los teléfonos celulares. Es inaudito que una turbina en Guri permanezca inservible porque el Estado no pagó 46 millones de dólares a un fabricante especializado, mientras un solo entramado de sobornos como el de Duro Felguera superaba los 100 millones de euros en coimas.
Como ciudadanos no podemos seguir aceptando excusas ni resignarnos a este terrorismo de Estado que quebró los servicios públicos para llenar los bolsillos de una cúpula cleptocrática. Sin instituciones transparentes, sin un sistema de justicia independiente que audite cada dólar y termine con este juego de trampa donde siempre pierde la gente, no habrá recuperación posible ni inversión extranjera que se atreva a arriesgar su capital. Venezuela está a oscuras no por designio divino ni por fallas naturales, sino porque quienes secuestraron el poder cambiaron la luz y la vida de millones de inocentes por yates, mansiones y cuentas en paraísos fiscales.
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