La gente necesita un acto concreto, no otro ciclo de esperanza administrada

La noche del 30 de septiembre, la avenida Ricaurte de Turmero y diversas vías principales en Cojedes y Carabobo no ardieron por consignas ideológicas ni por disputas de salón político. Ardieron neumáticos y sonaron cacerolas porque la gente acumulaba doce horas continuas sin electricidad, atrapada en un esquema inhumano de doble racionamiento diario. Cuando el calor asfixia, la comida se descompone en la nevera apagada y el agua no sube a las tuberías porque las bombas no tienen corriente, el discurso oficial se estrella contra la realidad más elemental.

El dato técnico frente al eslogan oficial

El colapso de los servicios en Venezuela no es una fatalidad climática ni un evento fortuito: es el resultado documentado de años de saqueo, falta de mantenimiento profesional y desmantelamiento institucional. Los reportes técnicos de la propia industria revelan que en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), 7 de sus 20 unidades generadoras permanecen fuera de servicio. Dos de ellas están paralizadas desde 2014 y otra más desde 2016. Con apenas 6.141 megavatios operativos de los 10.350 instalados, la represa funciona a poco más del 60% de su capacidad real.

La fragilidad del sistema quedó en evidencia tras la salida de operación de la unidad 17 a finales de agosto, lo que representó una pérdida abrupta de al menos 1.200 megavatios en el Bajo Caroní. De acuerdo con estimaciones técnicas del sector de la ingeniería eléctrica, el déficit operativo supera los 3.900 megavatios, agravado por la paralización de cerca del 80% del parque térmico nacional. Pedirle a la población que 'ahorre energía' ante un pico de demanda de 16.030 megavatios en un país ya sumido en racionamientos severos no es una medida técnica; es una burla abierta al ciudadano común.

La cadena del colapso: luz, agua y conectividad

En la vida cotidiana del venezolano, los servicios públicos no funcionan en compartimentos aislados; forman una cadena que, al romperse en el suministro eléctrico, pulveriza cualquier intento de normalidad:

• El agua potable desaparece con el corte: Los sistemas de bombeo de los acueductos mayores, como el Tuy, así como los pozos profundos comunitarios, dependen directamente del fluido eléctrico. Los anuncios de mantenimientos que concluyen con paradas de 24 a 36 horas dejan secas incluso a aquellas familias que dependen de cisternas o tanques subterráneos, imposibilitadas de encender sus hidroneumáticos.
• Aislamiento y freno educativo: La red pública de internet mantiene velocidades mínimas de descarga que sitúan al país en el fondo de las mediciones regionales. Cuando la corriente falla, las radiobases caen y la interconexión se extingue. A esto se suma el bloqueo activo de más de un centenar de dominios digitales y portales informativos, limitando el acceso al conocimiento de niños y jóvenes en edad escolar.
• Parálisis del aparato productivo: El pequeño comerciante, el taller mecánico, la panadería y los consultorios médicos ven truncada su actividad diaria. No es posible generar riqueza, mantener empleos ni sostener una economía familiar cuando la jornada laboral depende de la suerte de un interruptor.

Existe además una profunda brecha territorial. Mientras que los monitoreos reflejan interrupciones diarias en el 82% de los hogares en Caracas, la cifra se eleva al 98% en la región andina y alcanza el 99% en el Zulia. La provincia venezolana lleva años pagando con creces el costo del oscurantismo.

Basta de dilaciones y promesas estériles

Durante décadas se ha pretendido someter al venezolano a ciclos continuos de esperanza administrada. Se anuncian mesas de negociación, reformas burocráticas de leyes punitivas y cronogramas electorales difusos mientras el ciudadano de a pie debe resolver cómo conservar la insulina de su familiar o cómo cargar un teléfono para saber de los suyos. Los mismos actores que expropiaron, quebraron la infraestructura nacional y convirtieron los ministerios en cajas chicas no tienen la solvencia técnica, moral ni operativa para restituir lo que destruyeron.

Cualquier persona sensata entiende que la reconstrucción del sistema eléctrico, el saneamiento de las hidrológicas y la modernización de las telecomunicaciones no ocurrirán de la noche a la mañana. Se requieren inversiones milmillonarias, ingeniería calificada y años de trabajo sostenido. Sin embargo, lo que resulta una certeza absoluta para el país es que esa recuperación jamás comenzará bajo la tutela de quienes convirtieron las instituciones en feudos de control y supervivencia política.

La calle ya fijó su prioridad el pasado 30 de septiembre: un acto concreto no es un comunicado ambiguo ni una nueva promesa de diálogo. Un acto concreto es una turbina reparada, un cronograma de racionamiento transparente que se respete y, por encima de todo, el rescate definitivo de las instituciones secuestradas para que quienes destruyeron la calidad de vida de millones rindan cuentas y abran paso a una conducción ética y republicana.