La condena a 18 años contra el capitán Ányelo Heredia en la causa Brazalete Blanco expone el mecanismo perverso de los tribunales del terrorismo: un proceso viciado donde las pruebas no existieron para absolver a unos, pero bastaron para enterrar en vida a otros.
El teniente coronel Igbert Marín Chaparro cumplió su condena hace un año. En lugar de recibir su boleta de excarcelación, el aparato represivo le fabricó un expediente inverosímil para perpetuar su secuestro.
Volver al país es un mandato constitucional, no una dádiva política. El regreso de algunos exiliados frente al bloqueo a María Corina Machado y el hostigamiento a quienes pisan tierra demuestra que el aparato represivo sigue activo.
En la política contemporánea, una declaración puede durar apenas unos minutos en televisión, pero permanecer durante años en Internet. Las redes sociales han cambiado la relación entre políticos, instituciones y ciudadanos: borrar una publicación ya no significa necesariamente hacerla desaparecer.
