Ányelo Heredia: la infamia de Brazalete Blanco y la trampa de la justicia selectiva

Dieciocho años de prisión en los calabozos de El Rodeo I. Esa fue la sentencia que el Tribunal 3.º de Juicio en Terrorismo de Caracas dictó anoche contra el capitán Ányelo Julio Heredia Gervacio. Treinta y cuatro meses después de haber sido interceptado y herido de bala, Heredia sigue sin recibir la intervención quirúrgica que su pierna fracturada exige con urgencia. En lugar de atención médica, la respuesta a sus denuncias ha sido el confinamiento, las golpizas y la desatención calculada. Un cuadro de ensañamiento que define a la perfección la calaña del aparato que usurpa el poder judicial en nuestro país.

La entrega del ELN y el fantasma de Ronald Ojeda

Para entender la podredumbre del expediente bautizado como «Brazalete Blanco», hay que volver al 14 de diciembre de 2023. Aquel día, en el departamento de Santander, la guerrilla terrorista del ELN actuó abiertamente como brazo ejecutor del chavismo: emboscó a militares venezolanos en el exilio y entregó a Heredia en bandeja de plata a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). En esa misma emboscada iba el teniente Ronald Ojeda, quien logró escapar herido, se ocultó durante días y retornó a Chile para buscar resguardo. La historia ya la conocemos: semanas más tarde, la mano siniestra del crimen transnacional y las células del Tren de Aragua secuestraron a Ojeda de su propio apartamento en Independencia y abandonaron su cuerpo descuartizado bajo cemento en Maipú.

Heredia no pudo escapar del cerco criminal. Lo metieron a la fuerza en las mazmorras de Caracas y en enero de 2024 el régimen proyectó en cadena pública su supuesta confesión. En el juicio se supo la verdad que todos intuíamos: el capitán declaró que ese video fue grabado tras salvajes sesiones de tortura para forzarlo a incriminar a civiles, oficiales y dirigentes políticos. Ese fue el cimiento de papel sobre el que montaron todo el caso.

Un juicio sin pruebas ni expedientes

Durante meses, los defensores de los acusados tuvieron que litigar a ciegas, sin siquiera acceso formal al expediente en las primeras fases del debate oral. Pasaron por celdas clandestinas como «Los congeladores», sometidos a temperaturas extremas y tortura acústica continua, incluyendo a oficiales de alto rango y una madre lactante. El abogado Joel García lo describió sin rodeos como el peor montaje que le ha tocado enfrentar en su carrera jurídica. Y no exageraba: los propios testigos promovidos por el Ministerio Público fueron incapaces de articular un solo testimonio incriminatorio sólido frente al tribunal.

Aun así, la maquinaria condenó sin pudor:

• Ányelo Julio Heredia Gervacio: 18 años en El Rodeo I por conspiración.
• Guillermo Enrique César Siero: 12 años en El Rodeo I.
• Ronald Ferrer: 12 años en Yare II.
• General Tomás Martínez Macías: 12 años, bajo un régimen condicional con presentación mensual y veto público.
• Condenas por encubrimiento (3 años con cautelares): Coronel Carlos Jesús Sánchez Vásquez, mayor Guillermo Henry, capitán Tomás Martínez Chico, mayor Diana Desirée Victoria Justo y la primera teniente Karen Gómez.

El doble rasero: las pruebas que faltaron y las condenas que sobraron

La contradicción más flagrante de esta sentencia es que, en el mismo banquillo, la activista Rocío San Miguel y tres jefes de campaña de Vente Venezuela —Juan José Freites, Guillermo de Jesús López y Luis Enrique Camacaro— resultaron absueltos. El propio fiscal del régimen tuvo que admitir que no existían pruebas en su contra. La misma Rocío San Miguel, tras casi dos años secuestrada en El Helicoide, fue taxativa al salir: las condenas de sus compañeros de causa son profundamente injustas y deben anularse.

Aquí queda al descubierto la trampa. Si la matriz probatoria era el video arrancado a golpes a Heredia y ese testimonio no sirvió para incriminar a unos por falta de sustento, ¿cómo es que sí sirve para sentenciar a otros a casi dos décadas de presidio? La respuesta es sencilla: la justicia de facto en Venezuela no mide culpabilidades, mide conveniencias políticas y reparte castigos ejemplarizantes contra los uniformados que no bajan la cabeza ante el sistema criminal.

Basta de presos de primera y de segunda

No podemos permitir que el debate público caiga en la ingenuidad de celebrar liberaciones selectivas mientras se deja atrás a los militares que han pagado con su pellejo el desafío al tirano. La libertad no es una dádiva para complacer agendas externas ni una moneda de canje que se negocia por parcelas. Tiene que ser plena, incondicional y para todos los presos políticos que hoy pudren sus años en El Rodeo, Ramo Verde, Yare o El Helicoide.

Esta farsa ratifica lo que venimos exigiendo: mientras el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales especiales sigan actuando como pelotones de fusilamiento judicial, ningún ciudadano ni inversionista tendrá garantías en Venezuela. Las instituciones no necesitan reformas cosméticas; necesitan una purga y una reinstitucionalización de raíz y sin dilaciones. A Ányelo Heredia le deben su integridad física, una cirugía inmediata y la libertad absoluta que este montaje le arrebató.