La falsa normalidad: el hostigamiento a periodistas continúa tras el 3 de enero

Desde el 3 de enero se ha intentado instalar una matriz de opinión tan peligrosa como engañosa: la idea de que, de la noche a la mañana, Venezuela se convirtió en un país con plenas garantías constitucionales y libertad absoluta. Quienes hemos padecido durante décadas las garras del chavismo sabemos perfectamente que las estructuras del terror de Estado no desaparecen por arte de magia ni con un simple cambio de mando en las cúpulas. La realidad sobre el terreno desmiente categóricamente ese triunfalismo prematuro, y el gremio periodístico independiente es la prueba más evidente de ello.

La verdad no está libre: el cerco a la prensa persiste

Lejos de un ambiente de irrestricto ejercicio periodístico, los comunicadores independientes en Venezuela siguen trabajando bajo fuego cruzado. Las medidas cautelares impuestas de manera arbitraria por tribunales secuestrados siguen vigentes para decenas de comunicadores. Régimen de presentaciones periódicas, prohibiciones de salida del país, confiscación de equipos y la censura de facto no han cesado.

El hostigamiento ha mutado pero no ha desaparecido. Se manifiesta en el seguimiento de cuerpos de seguridad, el asedio digital por parte de los operadores del régimen y la intimidación constante a las familias de quienes investigan y reportan lo que ocurre en el país. El aparato judicial, que durante casi tres décadas fue transformado en un brazo ejecutor de venganzas políticas y silenciamiento, continúa operando con los mismos vicios y operadores en múltiples instancias.

Las consecuencias de una reinstitucionalización tardía

El chavismo se encargó minuciosamente de destruir la autonomía de todas las instituciones venezolanas, sustituyendo la ética profesional por la complicidad ideológica y la corrupción. Por ello, la libertad no se decreta mientras los tribunales, las fiscalías y los órganos de control sigan en manos de funcionarios formados para perseguir a la disidencia y ocultar la verdad.

Es inaceptable la dilación en la depuración y reinstitucionalización del sistema judicial. Mientras se posterga el rescate urgente del Tribunal Supremo de Justicia y de las instancias penales, los periodistas independientes permanecen en un limbo jurídico donde cualquier funcionario intermedio puede reactivar causas fabricadas bajo la infame Ley contra el Odio u otros instrumentos represivos.

• Medidas cautelares activas: Periodistas siguen obligados a firmar en tribunales sin que existan juicios justos ni pruebas de delitos.
• Censura estructural: Bloqueos a portales digitales y amenazas a emisoras radiales se mantienen como política de contención informativa.
• Hostigamiento extrajudicial: Amenazas veladas y persecución selectiva contra reporteros que documentan la crisis institucional.

Desmontar la mentira de la normalidad

La movilización histórica de los ciudadanos el 28 de julio de 2024 y el contundente golpe del 3 de enero abrieron una puerta fundamental para la nación, pero la victoria definitiva solo será real cuando no exista un solo preso político, cuando las medidas cautelares sean revocadas en su totalidad y cuando informar la verdad no sea un acto de heroísmo que cueste la libertad o la vida.

Aceptar que 'ya todo está bien' es validar el residuo del sistema criminal que desmembró a Venezuela. Exigir la anulación inmediata de los procesos judiciales amañados contra la prensa y la protección integral a los periodistas no es una opción negociable; es el termómetro que medirá si el país realmente avanza hacia la libertad o si continúa atrapado en los tentáculos de la burocracia y la impunidad.