Sin luz y sin agua, el colapso de los servicios vuelve a cerrar calles en diez estados

Vivir sin saber a qué hora llegará la electricidad o cuándo saldrá una gota de agua por la tubería no es una anécdota doméstica; es una condena diaria que destruye la estabilidad de cualquier familia. El balance documentado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó al menos 26 protestas en 10 estados del país: Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Distrito Capital, Falcón, Lara, Táchira, Yaracuy y Zulia. La razón de fondo no requirió consignas partidistas ni discursos elaborados. La gente salió a la calle porque ya no puede encender una hornilla, refrigerar comida ni asearse con un mínimo de dignidad.

Durante años se intentó normalizar la precariedad. Sin embargo, cuando una comunidad acumula días enteros en penumbra o meses dependiendo de cisternas inaccesibles para el bolsillo del trabajador común, la paciencia termina por agotarse. El asfalto se convierte en el único espacio donde el ciudadano siente que alguien, por la fuerza de la interrupción del tráfico, se ve obligado a escucharlo.

Falcón y Lara: la desesperación en las arterias viales

Uno de los focos más tensos ocurrió en el estado Falcón, específicamente en el municipio Colina. Vecinos de sectores como Sabana Larga, Villa del Mar y tramos cercanos a la carretera Morón–Coro decidieron trancar por completo la transitada intercomunal Coro–La Vela. La exigencia era doble: agua por tubería a Hidrofalcón y la restitución inmediata del flujo eléctrico a Corpoelec.

La respuesta estatal inicial fue la que ya todos conocen: el despliegue de efectivos de Polifalcón para intentar disolver la manifestación. Hubo momentos de fricción antes de que el paso vehicular pudiera normalizarse hacia el final de la tarde, tras promesas de funcionarios del Ministerio de Atención de las Aguas de restablecer el bombeo durante la madrugada. Una promesa más sobre un papel que nadie sabe si se cumplirá.

Horas más tarde, al caer la noche en Barquisimeto, la escena se replicó con mayor crudeza. Habitantes del sector Santa Rosalía bloquearon la avenida Florencio Jiménez, punto neurálgico del acceso oeste de la capital larense. Con barricadas y fuego, los manifestantes paralizaron por completo el tránsito automotor. No protestaban por capricho ni por cálculo político; protestaban porque el colapso absoluto en la distribución de agua potable les impide llevar una vida normal dentro de sus hogares.

El impacto directo en el hogar venezolano

En Aragua, los vecinos de La Herrereña salieron igualmente a exigir respuestas inmediatas a Corpoelec tras horas interminables de corte de energía. Situaciones semejantes marcaron las horas en Táchira, Zulia y Yaracuy. La geografía del reclamo abarca tanto el occidente como el oriente del país, confirmando que el colapso de los servicios públicos no es una falla aislada, sino una realidad estructural generalizada.

Detrás de cada tranca vial hay pérdidas concretas que nadie reembolsa:

• Aparatos indispensables como neveras, ventiladores y acondicionadores de aire quemados por las constantes variaciones de voltaje, dejando a familias humildes sin posibilidad económica de reponerlos.
• Adultos mayores convalecientes sometidos al calor sofocante y a la imposibilidad de mantener refrigerados medicamentos vitales, como la insulina.
• Niños que deben intentar hacer tareas escolares alumbrándose con pantallas de teléfonos móviles o velas, perdiendo clases y viendo comprometido su derecho básico a una educación digna.
• Gastos desmedidos en camiones cisterna y botellones de agua que drenan los escasos ingresos de hogares donde el salario apenas cubre lo básico.

La raíz institucional de un país a oscuras

Las autoridades suelen recurrir al libreto gastado del sabotaje, las condiciones climáticas o los llamados planes de contingencia para justificar por qué los grifos suenan a aire y los postes no alumbran. El ciudadano corriente, no obstante, entiende perfectamente lo ocurrido. Durante más de dos décadas se despilfarraron y saquearon miles de millones de dólares que debieron destinarse a embalses, turbinas, líneas de transmisión y mantenimiento preventivo.

Cuando un aparato de poder destruye la idoneidad técnica, desmantela las instituciones y coloca los recursos estratégicos en manos de operadores políticos corruptos, el resultado inevitable es el atraso. Las instituciones no existen hoy para resolver las necesidades del pueblo, sino para administrar su escasez y contener el descontento cuando la gente se harta.

Nadie invierte en una nación donde ni siquiera se puede garantizar la estabilidad de un interruptor eléctrico, y ningún ciudadano puede prosperar si su jornada se divide entre esperar que llegue la luz y cargar tobos de agua. Las manifestaciones vecinales son el síntoma visible de un tejido social que se niega a rendirse ante la miseria impuesta, recordando que el acceso a servicios básicos confiables no es un favor gubernamental, sino un derecho elemental.