La mediocridad que calcina: de la tragedia de Amuay al fuego en Punta Cardón

Quienes crecimos en Venezuela entendiendo el valor del esfuerzo y del trabajo bien hecho no podemos mirar lo que ocurre en nuestra industria petrolera sin sentir una profunda indignación. Durante décadas, el chavismo se dedicó a demoler de manera calculada las instituciones del país, pero su ensañamiento contra Petróleos de Venezuela fue especialmente destructivo. Lo que en algún momento fue un referente internacional de solvencia técnica e ingeniería de vanguardia fue transformado en una estructura carcomida por el clientelismo, donde la lealtad política se impuso sobre la capacidad profesional. Ese modelo de mediocridad sistemática, que hoy permea cada rincón de la administración pública, ha dejado una estela de ruina y vidas perdidas.

El episodio registrado el martes 6 de octubre de 2026 en la Refinería Cardón, en el estado Falcón, fue un recordatorio aterrador de esa realidad. Una rotura en una línea de gas natural desató un incendio que obligó a paralizar la instalación completa. Aunque en esta ocasión las llamas fueron sofocadas en cuestión de una hora por el personal de emergencias y no se registraron pérdidas humanas directas, el evento demostró una vez más la extrema vulnerabilidad operativa en la que opera el Centro de Refinación Paraguaná (CRP). Mientras las versiones oficiales se apresuraron a publicar comunicados escuetos asegurando que todo estaba bajo control y que el suministro no se vería afectado, los reportes técnicos y testimonios locales dieron cuenta de explosiones previas y de plantas críticas —como la unidad de hidrotratamiento de diésel y calderas— puestas en jaque súbitamente.

La sombra impune de agosto de 2012

Es imposible presenciar una columna de humo levantándose sobre el CRP sin que la memoria colectiva regrese de inmediato a la madrugada del 25 de agosto de 2012. Aquella noche fatídica, la refinería hermana de Amuay se convirtió en un infierno terrenal tras la ignición de una inmensa fuga de gas propano y olefinas acumulada durante cerca de una hora sin que sonaran las alarmas de emergencia. El estallido arrasó con el Destacamento N.º 44 de la Guardia Nacional, destruyó más de 1.600 viviendas en los sectores vecinos de Judibana y segó la vida de más de medio centenar de personas, entre militares y civiles inocentes.

Aquel desastre no fue obra del azar ni de un complot misterioso. Informes independientes como el elaborado por el Centro de Orientación en Energía (COENER) demostraron que la tragedia obedeció a fallas críticas de mantenimiento en los sellos de las bombas y a un historial acumulado de incidentes previos que fueron olímpicamente ignorados por la gerencia roja. Solo en el año 2011 se habían registrado cerca de un centenar de incendios en el complejo. Frente a la devastación, la cúpula chavista recurrió a su libreto habitual: denunciar un supuesto sabotaje, decretar duelos ceremoniales y eludir cualquier responsabilidad penal o administrativa. Nadie pagó por los muertos de Amuay. La negligencia quedó sepultada bajo la propaganda oficial.

El costo humano de normalizar la incompetencia

Lo sucedido en Punta Cardón demuestra que la lección jamás fue aprendida porque a una corporación criminal no le interesa la seguridad ni la excelencia, sino el control del botín. Antes del incendio del 6 de octubre, Cardón ya operaba a duras penas, con su craqueador catalítico y unidades de destilación paralizadas por falta de carga. Pocos meses antes, en mayo de 2026, la planta de compresión Lamargas en el Lago de Maracaibo había sufrido otra explosión que cobró la vida de un trabajador e hirió a cinco más, sin que las investigaciones prometidas ofrecieran jamás una explicación pública ni correctivos reales.

Esta dinámica no es casual: es el resultado directo de gobernar mediante el desprecio a la técnica. Cuando un régimen expulsa a los ingenieros calificados para sustituirlos por militantes sumisos, las plantas industriales se convierten en trampas mortales. Los ciudadanos venezolanos hemos tenido que acostumbrarnos a convivir con el peligro permanente de infraestructuras deterioradas, al igual que padecemos racionamientos eléctricos inhumanos, falta de agua y servicios colapsados. La burocracia inepta que saqueó las arcas nacionales es la misma que hoy pretende operar refinerías de alta complejidad con parches improvisados.

Reinstitucionalizar para frenar la destrucción

No se puede esperar un desenlace distinto mientras las instituciones sigan secuestradas por quienes han demostrado incapacidad absoluta para gerenciar un Estado. La pretendida narrativa de normalización choca de frente con la realidad de unas instalaciones industriales que crujen y estallan ante la falta de inversión transparente y criterio profesional. Ningún inversor serio ni ningún socio internacional con estándares mínimos pondrá capital ni tecnología en manos de quienes manejan la industria petrolera con la lógica de un juego de azar, apostando a que la próxima fuga de gas no coincida con una chispa fatal.

Venezuela no saldrá de este ciclo de sobresaltos y precariedad mientras no se restablezca el orden legal, la rendición de cuentas y la autonomía de los poderes públicos. Recuperar la industria energética exige desterrar la cultura de la impunidad que convirtió a PDVSA en una sombra ruinosa. Es imperativo que la gestión pública regrese a manos de venezolanos capacitados, éticos y comprometidos con el servicio real a la nación, garantizando que el patrimonio del país sea una fuente de progreso y no una amenaza constante para la vida de sus ciudadanos.