Intoxicaciones en Trujillo: el guion del sabotaje frente a la salud de nuestros estudiantes

La escena se ha vuelto tan dolorosa como indignante: jóvenes y docentes evacuados de emergencia, trasladados en camionetas y autobuses hacia hospitales precarios, mientras sufren mareos, náuseas, asfixia e incluso convulsiones. Este miércoles 7 de octubre, el estado Trujillo volvió a ser el epicentro de una alarma colectiva que tocó directamente las aulas de clase. Sin embargo, lo que debió provocar una respuesta científica, rápida y transparente por parte de los organismos del Estado, terminó una vez más sepultado bajo el desgastado libreto de la propaganda y la evasión de responsabilidades.

La emergencia en las aulas trujillanas

Los reportes de medios regionales como Diario de Los Andes, 2001online y La Prensa de Lara confirmaron situaciones de emergencia en al menos dos instituciones educativas trujillanas: el Liceo Las Palmas, en el municipio Andrés Bello cerca de la alcabala de Agua Viva, y la Unidad Educativa Colegio San Vicente de Paúl, ubicado en la parroquia Mercedes Díaz del municipio Valera. En ambos planteles, alumnos y profesores experimentaron cuadros compatibles con la inhalación o exposición a sustancias aún desconocidas, requiriendo el despliegue de Bomberos, Protección Civil y Fundasalud.

Organizaciones informativas locales y reportes comunitarios indicaron que la cifra de afectados podría oscilar entre decenas de estudiantes —con menciones que en redes alcanzaban hasta 60 personas vinculadas también a la Unidad Educativa José Félix Rivas—. No obstante, a horas de ocurridos los hechos, el parte epidemiológico formal brillaba por su ausencia: ni número oficial de atendidos, ni detalle toxicológico sobre la sustancia en cuestión, ni claridad sobre los factores ambientales o sanitarios que pudieron detonar los síntomas.

Un patrón recurrente sin respuestas claras

Lo ocurrido en Trujillo no es un incidente aislado. Durante finales de 2025 y a lo largo de 2026, diversos municipios de la entidad andina —incluyendo Valera, La Ceiba, Escuque y el propio Andrés Bello— han sufrido episodios semejantes de intoxicaciones masivas. Incluso el Colegio San Vicente de Paúl ya había registrado un antecedente previo sin que se conociera una conclusión pericial contundente. El mismo día de estos sucesos, en el vecino estado Lara, el Complejo Educativo José Nicolás Silva Castillo en El Tocuyo debió suspender actividades tras semanas de malestares recurrentes que incluyeron sangrados nasales y vómitos.

Cualquier administración responsable en el mundo entendería que ante la repetición de cuadros de esta gravedad se impone una rigurosa investigación de campo: análisis de las fuentes de agua, revisión de los productos químicos utilizados en fumigaciones o limpiezas, inspección de almacenamiento de plaguicidas agrícolas en zonas aledañas y pruebas toxicológicas a los afectados. En lugar de eso, lo que la ciudadanía ha recibido históricamente son generalidades gubernamentales sobre supuestos 'ataques', sin presentar jamás un compuesto químico identificado ni un peritaje concluyente.

El comodín del enemigo imaginario

Lejos de ofrecer serenidad, datos médicos y garantías de seguridad a las familias angustiadas, el poder municipal de Andrés Bello optó por la salida más grotesca de la politiquería. En un comunicado oficial emitido por el alcalde José Reyes, la máxima autoridad local prescindió de cualquier balance médico o toxicológico y decidió atribuir los hechos a una supuesta 'agenda de saboteo orquestada por sectores fascistas de la extrema derecha', alegando insólitamente que el fin era 'empañar' la conmemoración de una fecha política del oficialismo.

Ese es el reflejo exacto de la degradación institucional que padece Venezuela. Cuando una tubería se rompe, cuando un transformador explota por falta de mantenimiento, cuando el agua llega insalubre o cuando decenas de niños caen desmayados en sus pupitres, la respuesta burocrática nunca es asumir la incompetencia ni corregir las fallas del sistema: siempre es inventar un complot. Resulta insultante para los padres de familia que, en medio de la incertidumbre sobre la salud de sus hijos, un funcionario público utilice un canal institucional no para explicar qué respiraron o qué ingirieron los estudiantes, sino para convocar a 'hacer justicia frente a quienes odian' y evadir su deber básico de rendición de cuentas.

Instituciones al servicio de la verdad, no de la mentira

El ciudadano común está agotado de vivir a merced de la opacidad. La seguridad en las escuelas no se defiende con comunicados partidistas ni con retórica bélica, sino con instalaciones seguras, servicios básicos funcionales, personal de salud dotado y cuerpos científicos independientes capaces de determinar qué está pasando en las aulas de Trujillo.

Mientras las instituciones del país sigan subordinadas a la conveniencia de una cúpula que prefiere culpar a fantasmas antes que revisar el estado de los planteles y el entorno ambiental, la población continuará pagando las consecuencias. Los venezolanos exigimos peritajes epidemiológicos serios, atención médica garantizada para los niños y docentes afectados y, sobre todo, el cese de una propaganda insensible que pretende tapar la precariedad de nuestra realidad con consignas vacías.