El vacío legal de Betancourt: el error de pactar con bolichicos y no con un Estado legítimo
Una carta del Senado estadounidense a Marco Rubio y Pete Hegseth advierte que el Pentágono carece de base legal para adquirir el 35% de NABEP. El documento expone las consecuencias de estructurar acuerdos con operadores del chavismo en vez de tratar con instituciones venezolanas restablecidas.
Desde el principio advertimos que cualquier salida pragmática que intentara reciclar a los personajes que medraron bajo el paraguas del saqueo chavista estaba condenada a estrellarse contra la realidad. Ahora son los comités clave del Senado de los Estados Unidos los que ponen por escrito lo evidente: el acuerdo petrolero anunciado en agosto de 2026 para entregar la explotación de 17 campos a North American Blue Energy Partners (NABEP) no solo descansa sobre un vacío legal preocupante, sino sobre un socio cuya trayectoria levanta todas las alarmas éticas y financieras.
El Senado exige explicaciones al gabinete de Trump
El 30 de septiembre de 2026, los jefes de la bancada demócrata en cuatro comités estratégicos del Senado remitieron una comunicación formal a los secretarios de Estado, Marco Rubio; de Defensa, Pete Hegseth; y de Energía, Chris Wright. Los firmantes —Jeanne Shaheen (Relaciones Exteriores), Jack Reed (Fuerzas Armadas), Martin Heinrich (Energía) y Elizabeth Warren (Banca)— no tienen la potestad de anular el acuerdo por sí solos, pero abrieron un frente de supervisión legislativa que deja al descubierto la precariedad del andamiaje diseñado por Washington.
Según los términos revelados por la Casa Blanca, el gobierno estadounidense contemplaba que el Departamento de Defensa asumiera una participación del 35% en la matriz de NABEP, mientras que el Departamento de Estado se reservaba el derecho de adquirir el 20% del crudo extraído sin generar ganancias para Venezuela, con opción prioritaria sobre el 80% restante. La justificación oficial apuntaba a nutrir la Reserva Estratégica de Petróleo y garantizar insumos para usos militares.
La ley que no alcanza para comprar petroleras
El primer golpe del documento legislativo apunta directo a la estructura jurídica de la operación. La Oficina de Capital Estratégico (OSC) del Pentágono fue creada bajo mandatos muy claros: emitir y garantizar préstamos para empresas estadounidenses volcadas al desarrollo de tecnologías críticas y el fortalecimiento de la base industrial militar. Ningún estatuto federal autoriza de forma explícita a esa oficina militar a adquirir participaciones accionariales en empresas petroleras extranjeras.
La misma ausencia de precedentes pesa sobre el Departamento de Estado y su pretendido contrato de compra a largo plazo. Los senadores han exigido la lista exacta de autoridades legales invocadas, la procedencia de los fondos utilizados y el desglose de cómo y dónde se procesaría ese volumen de crudo, además de reclamar las auditorías que demuestren si figuras vinculadas a la administración o al entorno político se benefician directa o indirectamente de la operación.
El expediente de Betancourt sobre la mesa
El escollo mayor, sin embargo, no es solo de técnica legal: es de legitimidad y antecedentes. La dirección de NABEP está en manos de Alejandro Betancourt, recordado en Venezuela como el principal beneficiario de la llamada «emergencia eléctrica» decretada entre 2009 y 2011 a través de Derwick Associates. Aquellos contratos sin licitación costaron miles de millones al erario mientras las ciudades padecían un racionamiento inhumano que todavía pagamos.
Si bien Betancourt no enfrenta condenas firmes y sus defensores sostienen que no pesan cargos formales en su contra, los senadores recuerdan que ha sido objeto reiterado de investigaciones judiciales por lavado de dinero y delitos fiscales en Estados Unidos, Suiza y España. Por ello, la carta exige formalmente que la Casa Blanca consigne el expediente de debida diligencia (due diligence) aplicado antes de negociar con él.
A esto se suma la insolvencia operativa de la empresa involucrada: con apenas dos años de operaciones y una producción limitada a unos 200.000 barriles diarios, no existe evidencia comprobable de que NABEP posea la infraestructura ni la musculatura financiera para invertir los miles de millones de dólares que exige reactivar reservas estimadas en 65.000 millones de barriles. Firmas de análisis energético como Rystad Energy ya advirtieron que tomaría cerca de una década ver un impacto significativo en el mercado global.
Un rechazo que trasciende banderas partidistas
Reducir las objeciones a una trifulca interna de Washington sería un error de análisis. Antes de que los senadores demócratas enviaran esta carta, ya el propio Elliot Abrams —exenviado especial para Venezuela durante el primer mandato de Donald Trump— había calificado el plan de inadmisible el pasado 2 de septiembre. La crítica de fondo de Abrams coincide exactamente con el sentir de los venezolanos: no es admisible que un liderazgo transitorio no electo entregue los recursos naturales estratégicos de la nación para comprar su permanencia o ganar oxígeno político.
La diferencia entre un esquema serio y este atajo es palmaria. Mientras corporaciones trasnacionales consolidadas como Chevron comprometen miles de millones bajo cláusulas de arbitraje y flujos de caja operativos reales, el intento de armar un consorcio opaco con un operador del régimen interino reproduce los peores vicios del pasado chavista: el reparto entre cortesanos a espaldas del país.
El verdadero error: sustituir al Estado por operadores oscuros
Siempre fue un absoluto desacierto involucrar a Alejandro Betancourt en cualquier iniciativa de reconstrucción o explotación de nuestros hidrocarburos. La única manera de garantizar inversiones duraderas, transparentes y beneficiosas tanto para Venezuela como para sus aliados era negociar a través de un Estado venezolano legítimo, con instituciones reinstitucionalizadas y tribunales imparciales.
Si se hubiese priorizado el rescate institucional del país en lugar de recurrir a intermediarios cuestionados, el gobierno estadounidense no estaría hoy enredado en justificar por qué su Departamento de Defensa y su Departamento de Estado actúan como socios de un consorcio privado bajo sospecha. Saltarse el Estado de derecho para jugar a la ruleta con los mismos actores que dilapidaron las riquezas de la nación nunca será una solución; es simplemente alargar la estafa.
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