Reglas claras, no un paso atrás: el nuevo protocolo de ICE tras el disparo en Austin
Tras el disparo contra el venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez en Texas y más de una docena de incidentes similares, ICE prohibió las persecuciones a alta velocidad y exigió cámaras corporales y entrenamiento específico. Lejos de ser una concesión, es poner orden institucional donde hacía falta.


En un país donde las instituciones funcionan, hacer cumplir la ley no significa improvisar en el asfalto. Esa es la lectura real detrás del memorando interno firmado este miércoles por Marcos D. Charles, director ejecutivo asociado de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La orden, obtenida por The Associated Press, establece una regla tajante: los agentes de ICE ya no están autorizados a perseguir, bajo ninguna circunstancia, a los vehículos que se nieguen a detenerse. En su lugar, deben anotar la información del automóvil para continuar la investigación por otras vías.
Para algunos, cualquier límite operativo suena a concesión. Pero cuando se revisan los hechos que llevaron a esta directiva, queda claro que no estamos ante un paso atrás en el control migratorio, sino ante la imposición de reglas claras para evitar tragedias innecesarias y escenarios turbios en la vía pública.
El caso de Austin: la escena que la nueva regla prohíbe
El antecedente más reciente tiene nombre y apellido venezolano. El pasado 20 de septiembre, en Austin, Texas, agentes de ICE revisaban matrículas cuando detectaron que sobre Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano de 28 años que trabajaba como repartidor de DoorDash, pesaba una orden de deportación. Los oficiales le marcaron el alto, pero Garcés Pérez decidió huir.
Lo que ocurrió en los segundos siguientes terminó con un disparo que atravesó la ventanilla trasera de su vehículo y lo hirió. El 29 de septiembre, el Departamento de Justicia acusó formalmente a Garcés Pérez de agredir a un oficial federal; según la denuncia penal, el conductor golpeó a un agente con el espejo retrovisor antes de que se produjera una persecución. Su abogada defensora, en cambio, niega que las luces de emergencia estuvieran activas antes del contacto. Más allá de la disputa legal en los tribunales, la audiencia de fianza dejó al descubierto un dato demoledor sobre el procedimiento: el agente que abrió fuego era una contratación reciente y no llevaba puesta una cámara corporal.
Bajo la guía firmada esta semana por Marcos D. Charles, esa escena simplemente no habría ocurrido en esos términos. El nuevo protocolo exige que todos los oficiales presentes en una parada vehicular lleven puesta y activada su cámara corporal, que los vehículos oficiales cuenten con luces y sirenas que permitan al público identificarlos claramente como fuerzas del orden, y que solo puedan ejecutar estas detenciones quienes hayan completado cursos de entrenamiento específico de la agencia. Quien no tenga esa certificación solo puede ir en el asiento del acompañante.
La orden de Trump y la decena de tiroteos
El caso de Austin no fue un hecho aislado. Según los registros reportados por AP, agentes de ICE han disparado sus armas en más de una docena de encuentros vehiculares desde el año pasado, con un saldo de al menos cuatro personas muertas y varios heridos. La combinación de una fuerte presión desde la Casa Blanca para alcanzar cifras récord de deportaciones y una acelerada ola de contrataciones el año pasado terminó poniendo en la calle a algunos oficiales con filtros y entrenamiento deficientes.
Esa tensión interna ya había estallado en julio, tras tiroteos fatales contra conductores en Maine y en Houston, Texas. En aquel momento, la dirección de ICE ordenó pausar temporalmente la mayoría de las paradas de tráfico. Al día siguiente, el presidente Donald Trump intervino a través de las redes sociales para ordenar a la agencia que continuara con los operativos vehiculares, calificándolos como una de las herramientas más importantes y eficaces de ICE para combatir el crimen.
El memorando de esta semana demuestra que la administración de Donald Trump no ha renunciado a la herramienta, sino que ha corregido la ejecución. Las paradas de tráfico continúan, e incluso tácticas como el bloqueo vehicular con otra patrulla o el uso de bandas de clavos siguen permitidas para quienes tengan el entrenamiento requerido. Lo que se elimina es la persecución a alta velocidad y la actuación a ciegas sin registro en video.
Evitar daños colaterales sin perder el control
Con esta decisión, ICE termina adoptando un criterio que muchas agencias de policía local y municipal en Estados Unidos aplican desde hace años: evitar perseguir vehículos en fuga para no provocar tragedias mayores, especialmente contra terceros inocentes que transitan por la vía. Cuando un conductor entra en pánico y acelera, una persecución a tiros en medio del tráfico urbano multiplica el riesgo de daños colaterales que ninguna institución seria puede justificar si ya tiene la placa, el rostro y los datos del fugitivo.
Los venezolanos que venimos de un país donde las instituciones fueron destruidas y donde los cuerpos de seguridad actuaban sin ley, sin cámaras y sin rendición de cuentas, sabemos distinguir perfectamente entre la autoridad real y el desorden. Poner cámaras corporales obligatorias, exigir luces reglamentarias y prohibir que un agente sin el curso completo encabece un operativo no debilita a la autoridad; la blinda frente a las dudas y protege tanto al ciudadano común como al propio funcionario que hace bien su trabajo.
Tampoco hay que engañarse sobre el resultado final para quien intenta burlar la ley. Que una patrulla de ICE no inicie una persecución a toda velocidad no significa que el inmigrante en situación irregular haya ganado la partida. Todo lo contrario. Con la matrícula anotada y el aparato de inteligencia del Estado funcionando, la captura es solo cuestión de tiempo. Huir de una parada de tráfico en Estados Unidos no borra una orden de deportación; lo único que logra, como ya enfrenta Garcés Pérez en un tribunal federal, es transformar un proceso administrativo de remoción en un expediente penal grave por agresión o desacato a la autoridad. Con reglas claras y procedimientos limpios, la ley y la policía siempre terminan ganando.
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