Rehenes de toga: la confesión de una exmagistrada y el terrorismo de Estado en el TSJ

A estas alturas de nuestra historia contemporánea, a ningún venezolano que haya padecido las tres décadas de tragedia chavista le toma por sorpresa constatar de lo que es capaz la corporación criminal que usurpó el poder en el país. Sin embargo, cuando las costuras se revientan desde las entrañas del propio monstruo, el cinismo y la putrefacción quedan expuestos con tal nitidez que ni la propaganda más aceitada puede ocultarlo. Las recientes declaraciones de la exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara Gabriela César Siero, no hacen más que ratificar una verdad amarga: en Venezuela no hay jueces ni magistrados, sino peones amedrentados y operadores sometidos a una maquinaria de terrorismo de Estado.

El testimonio del operador: Ni beatificación ni olvido

Vaya por delante una aclaración necesaria para aquellos que intentan desviar el foco del debate: aquí nadie está santificando a Bárbara César Siero. No se puede tapar el sol con un dedo. Quien se sentó en esa sala desde 2014 y fue ratificada en 2022 formó parte activa del aparato jurídico que demolió el Estado de derecho en nuestra patria. Fue una operadora de esa estructura, y las cuentas morales y legales no se borran con una declaración pública.

Ahora bien, despachar su confesión alegando que proviene de una colaboradora del régimen es una torpeza o una complicidad deliberada. Si la justicia internacional y la opinión pública toman con extrema seriedad los testimonios de criminales confesos como Álex Saab o el Pollo Carvajal para desmantelar la estructura del cartel que asfixió a Venezuela, ¿por qué tendríamos que desestimar la palabra de quien estuvo sentada en el despacho donde se ejecutaban los sicariatos judiciales? No la estamos idolatrando; estamos utilizando su propia voz para documentar los crímenes de lesa humanidad de un régimen descompuesto. Y al que le pique esta distinción elemental, es porque sencillamente le incomoda la verdad.

El método de la SS: Familiares como rehenes políticos

El relato ofrecido por César Siero no describe un proceso legal ni una discrepancia doctrinaria; describe una típica operación de extorsión mafiosa, un método calcado de las peores policías políticas totalitarias del siglo XX. Según su denuncia, el 15 de diciembre de 2023 —el exacto día en que vencía el plazo para tramitar las revisiones de inhabilitaciones pactadas en el papel mojado del Acuerdo de Barbados y la fecha en que María Corina Machado acudió a la sala—, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) secuestró a sus dos hermanos militares y a su cuñada.

Tres personas desaparecidas, incomunicadas y sometidas a tratos crueles para queler una pistola en la nuca a la vicepresidenta de la sala encargada del caso. Apenas una semana después, el 22 de diciembre, le llevaron los textos ya redactados para que estampara su firma fuera de todo procedimiento, con emisarios vigilando que cumpliera la orden antes de marcharse. La libertad y la vida de sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, así como de su cuñada, dependían de liquidar por vía de facto la candidatura de María Corina Machado y proscribir a otros dirigentes.

La posterior invención de la narrativa de la supuesta 'Operación Brazalete Blanco' por parte de Tarek William Saab fue el libreto de rigor: fabricar conspiraciones extravagantes para tapar detenciones arbitrarias y mandar un mensaje disciplinador tanto a los cuarteles como a las notarías y tribunales del país. Que casi tres años después los familiares hayan sido absueltos de terrorismo y homicidio en grado de tentativa, y condenados a penas menores por cargos residuales, deja al descubierto la grotesca tramoya judicial.

Sentencias nulas de origen y la urgencia de reinstitucionalizar

Las implicaciones de esta confesión son devastadoras en el plano fáctico y jurídico. Aunque ningún tribunal controlado por el chavismo vaya a reconocerlo por iniciativa propia, las sentencias dictadas bajo coacción armada, secuestro de rehenes y tortura carecen de toda validez universal; son fraudes viciados de nulidad absoluta. Confirman lo que los millones de venezolanos demostraron con actas en mano aquel 28 de julio de 2024: el régimen nunca compitió, usurpó. Usó el terrorismo de Estado primero para vetar candidatos con firmas extorsionadas y después para perpetrar el fraude electoral a sangre y fuego.

Este episodio debe servir como un recordatorio contundente de por qué el rescate de Venezuela no admite pausas ni acuerdos bajo la mesa con las cúpulas del TSJ o del Consejo Nacional Electoral. Mientras las instituciones continúen secuestradas por individuos dispuestos a torturar a la familia de sus propios funcionarios con tal de retener una cuota de poder, no habrá garantías para nadie: ni para los ciudadanos de a pie, ni para los perseguidos políticos, ni para los inversores extranjeros que jamás pondrán un centavo en una nación donde el derecho es una ruleta manipulada por criminales.

Recuperar y reinstitucionalizar el Tribunal Supremo de Justicia no es un trámite burocrático que deba dilatarse eternamente; es una urgencia de supervivencia republicana. Solo con jueces probos, autónomos y desligados del chantaje de las mazmorras podremos poner fin a la pesadilla y reconstruir el país con la decencia y la moral que el proyecto chavista intentó extinguir durante tres décadas.