La inviabilidad de una base militar de EE. UU. en Venezuela hoy: Un análisis de la realidad

Recientemente, a la salida de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, en su estilo directo, dejó una puerta abierta al ser consultado sobre la posibilidad de una base militar estadounidense en Venezuela u otro punto de Suramérica: "Estamos evaluando hacer muchas cosas". Esta frase, recogida por medios como NTN24 y El Nacional, ha generado diversas interpretaciones, sobre todo a nueve meses de la captura de Nicolás Maduro y el inicio de una nueva etapa en el país.

Como venezolano que desea fervientemente la libertad de su patria, entiendo perfectamente la necesidad de un cambio radical. Es innegable que Venezuela tiene una ubicación geográfica privilegiada para ser un aliado estratégico clave de Estados Unidos en la región. Sin embargo, sostener que las condiciones están dadas para la instalación de una gran base militar en este momento es ignorar la realidad. Una base de esa magnitud, necesaria para los intereses de toda la región, requiere garantías sólidas que, lamentablemente, aún no existen.

Lo que dijo Trump, y lo que no dijo

Es crucial desglosar las palabras de Trump. Primero, elogió la situación actual, afirmando que se llevan bien y que la gente está contenta. También mencionó la compra de petróleo y el plan de llenar la reserva estratégica con crudo venezolano barato. Sin embargo, en ningún momento anunció una obra, un lugar específico para una base militar, una fecha, ni mucho menos un acuerdo firmado para tal fin. Estados Unidos hoy en día no tiene grandes bases permanentes en Suramérica. La frase de Trump es una evaluación, una posibilidad sobre la mesa, no una decisión ejecutada.

El candado legal: La Constitución de 1999

Más allá de la voluntad política, existe un obstáculo legal fundamental. El artículo 13 de la Constitución venezolana de 1999 es claro y contundente: prohíbe ceder, traspasar o arrendar el territorio, ni siquiera de forma temporal, a un Estado extranjero. Más aún, declara el espacio geográfico como zona de paz y prohíbe expresamente bases militares extranjeras o instalaciones con propósitos militares de cualquier potencia o coalición.

Por lo tanto, para instalar una base permanente, el actual gobierno necesitaría, o bien reformar la Constitución a través de los mecanismos legales correspondientes, o bien ignorarla abiertamente. Ambas opciones requieren un poder y una legitimidad que hoy en día no poseen, y que un acuerdo petrolero, por muy beneficioso que sea, no puede sustituir.

La prueba de las petroleras: Un "candado" financiero

La cautela de los inversores extranjeros es otro indicador clave de la falta de garantías. Una semana después de la captura de Maduro, el CEO de Exxon, Darren Woods, calificó a Venezuela como "uninvestable" (no apta para la inversión). Por su parte, Chevron ha comprometido 7.000 millones de dólares en cinco años, pero con condiciones claras: protección fiscal y arbitraje internacional. Es importante notar que este dinero no es nuevo capital entrando desde el exterior, sino que proviene del flujo de caja de las empresas mixtas que ya operan en el país. Chevron está aumentando su operación, pero protegiendo su riesgo. Las conversaciones de Exxon con el gobierno están reabiertas, pero no hay acuerdos concretos y los litigios previos no han sido resueltos. Si las grandes corporaciones, con todo su poder y experiencia, actúan con tanta precaución, exigiendo "seguros" y candados legales para operar comercialmente, ¿por qué habríamos de pensar que un proyecto de soberanía, que involucra a una base militar y sus enormes riesgos geopolíticos, podría instalarse sin garantías?

La calle desmiente la aparente "contentura"

Finalmente, la realidad en el terreno desmiente la afirmación de que los venezolanos están "contentos". El mismo día de las declaraciones de Trump, se reportaron cacerolazos en la Avenida Bolívar, Cabruta sufrió nueve horas sin electricidad, y hubo gas lacrimógeno en Zulia para dispersar protestas. Como bien lo resumió el analista Moisés Naím, los venezolanos no están contentos ni en Doral ni en Venezuela.

El apoyo voluntario de la ciudadanía a bases militares y tratados internacionales solo puede darse si existe una transición real hacia la libertad y la democracia. Si no es así, se corre el riesgo de que esto sea percibido simplemente como otro acuerdo transaccional que beneficia a unos pocos y sigue alejando al ciudadano de a pie, que hoy en día exige servicios básicos y el respeto a sus derechos humanos más elementales.

En conclusión, la ubicación estratégica de Venezuela es un hecho, y el deseo de una alianza fuerte con Estados Unidos es compartido por muchos ciudadanos de bien que anhelamos un futuro próspero. Pero una base militar permanente en paz requiere algo más que una frase o una intención. Necesita instituciones sólidas, un marco legal claro, y sobre todo, un país en paz consigo mismo, donde no se reprima a quien reclama sus derechos básicos. Sin estas garantías, la instalación de una base militar es, por ahora, inviable.