La libertad vigilada como método de tortura: el calvario de Jesús Suárez y la farsa de Brazalete Blanco

En la Venezuela sometida por el terrorismo de Estado, cruzar las rejas de una celda no significa recuperar la libertad. No hay garantías ni tregua para quien cae en los engranajes de la persecución política. La pesadilla vivida este fin de semana por el tachirense Jesús Samuel Suárez Gil —identificado también en actas oficiales como Jesús Manuel Suárez Gil— es el reflejo más crudo de cómo el aparato represivo manipula el miedo, el desgaste psicológico y las trampas burocráticas para recordarle al ciudadano que jamás deja de estar en la mira.

Suárez, un comerciante y exdirigente estudiantil de 43 años, había sido excarcelado el viernes 2 de octubre tras permanecer 2 años, 8 meses y 3 días recluido en la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana en San Cristóbal. Apenas 48 horas después de pisar la calle bajo una medida cautelar con presentación periódica, abordó una unidad de transporte público con destino a Caracas para comparecer religiosamente el lunes 5 de octubre ante el Tribunal de Terrorismo. Sin embargo, en la madrugada del domingo, una alcabala de la Guardia Nacional en el punto de control La Cascada, en la autopista José Antonio Páez de Portuguesa, lo interceptó y volvió a privarlo de su libertad.

La trampa de la orden de captura permanente

El argumento de los uniformados fue tan kafkiano como predecible: la orden de aprehensión seguía activa en las pantallas del sistema policial y el número de expediente de la orden no coincidía con el asentado en la boleta de excarcelación. Hizo falta que los abogados del Foro Penal se apersonaran en el comando, mediaran con los oficiales al mando y verificaran la documentación directamente con los tribunales de Caracas para que, pasado el mediodía, Suárez pudiera continuar su trayecto.

Esto no es un error informático ni una simple descoordinación administrativa; es una táctica deliberada. La burocracia estatal en manos del chavismo siempre ha sido un mecanismo de coacción y extorsión contra el ciudadano de a pie. Cuando a un preso político le otorgan una boleta pero dejan deliberadamente activos los códigos de captura en el sistema, lo están condenando a un estado de zozobra permanente. Cada alcabala se convierte en una ruleta rusa donde un inocente con documentos en regla vuelve a quedar a merced de funcionarios armados.

El desmoronamiento de un expediente ficticio

Para comprender la saña contra Jesús Suárez hay que recordar el origen de su cautiverio. Fue detenido el 23 de enero de 2024 por el SEBIN, arrastrado dentro del voluminoso y oscuro expediente bautizado por la fiscalía del régimen como «Brazalete Blanco». En aquel momento, la narrativa oficial lo señaló de formar parte de una conspiración monumental para asaltar unidades militares en Táchira, liquidar al gobernador del estado y culminar en magnicidio. Los cargos iniciales eran desproporcionados: terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

¿En qué se fundamentaba semejante acusación? En videos de cuarteles encontrados en su teléfono. Durante el juicio, celebrado por videoconferencia en septiembre, Suárez desmintió la supuesta confesión televisada, aclaró que no tenía vínculos con conspiraciones ni conocía a los líderes políticos señalados y explicó con absoluta franqueza la realidad: aceptó tomar unas fotografías porque le ofrecieron 50 dólares que necesitaba desesperadamente para completar la matrícula universitaria de su sobrina. Un testimonio doloroso que retrata la vulnerabilidad de la gente humilde en un país arruinado.

La farsa fiscal fue tan endeble que, al cierre del juicio a principios de octubre, el propio tribunal especial tuvo que desestimar los delitos mayores. Fue sentenciado únicamente a tres años por encubrimiento, pena que ya había cumplido con creces durante su prolongada prisión preventiva. Por eso salió a la calle. Su salud física y mental se quebrantó en un calabozo policial que no reunía las mínimas condiciones, mientras su madre enfermaba esperándolo. Sin embargo, en lugar de una libertad plena y un desagravio, le impusieron el grillete de la presentación obligatoria y el hostigamiento en carretera.

La sombra siniestra de 'Brazalete Blanco'

El caso de Suárez no puede analizarse como un hecho aislado. La causa de la que se desprende su calvario es uno de los montajes más turbios fabricados por el régimen en los últimos tiempos. Alrededor del capitán Ányelo Heredia —condenado a 18 años de prisión tras ser entregado por la guerrilla del ELN en la frontera colombiana y sometido a torturas para arrancarle falsas declaraciones— se levantó un tinglado represivo que salpica las más altas esferas del poder.

No olvidemos que de esa misma trama se deriva la persecución y el atroz asesinato en Chile del teniente Ronald Ojeda, un crimen transnacional donde las investigaciones apuntan directamente a la autoría intelectual de las cúpulas del terrorismo de Estado en Caracas, con Diosdado Cabello a la cabeza y las redes criminales actuando como ejecutores. En «Brazalete Blanco» todo está teñido de sangre, secuestros, contradicciones y venganza. Mientras a figuras civiles y activistas se les tuvo que otorgar la libertad por falta absoluta de pruebas, a militares y ciudadanos vulnerables se les distribuyeron condenas despiadadas para sostener el relato oficial.

El miedo como política para asfixiar libertades

El objetivo de interceptar a Jesús Suárez cuando iba camino a cumplir con la justicia usurpadora no es otro que enviar un mensaje aleccionador a toda la sociedad: nadie está a salvo, nadie es verdaderamente libre. El terrorismo de Estado se nutre de mantener al ciudadano en vilo, obligándolo a vivir arrodillado frente al capricho de un uniforme o la arbitrariedad de un sello judicial.

Los venezolanos decentes, formados en valores de trabajo y apego a la ley, no podemos resignarnos a aceptar este esquema de violencia normalizada. Un país no puede reconstruirse ni abrirse a garantías reales mientras el Poder Judicial siga operando como un pelotón de extorsión y persecución política. La reinstitucionalización del sistema de justicia y de los tribunales especiales no admite más dilaciones ni paños tibios. Hasta que no se desmonte esta estructura de hostigamiento sistemático, la libertad en Venezuela seguirá siendo una farsa condicionada por el miedo.